CAMICRUZ repudia la agresión en Puerto Deseado y exige seguridad en Santa Cruz

La Cámara Minera de Santa Cruz condenó el ataque que dejó a un contratista en terapia intensiva. Reclamó condiciones de seguridad y reafirmó su compromiso con el diálogo y la paz social.

El comunicado de CAMICRUZ se difundió luego de que se conociera el caso de Fabio Dante Cattani, un contratista de 56 años que fue salvajemente golpeado por una patota presuntamente vinculada a la UOCRA de Puerto Deseado. El ataque ocurrió el 11 de agosto frente a efectivos policiales que, según testigos, no intervinieron para detener la agresión.

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Cattani permanece internado en estado crítico en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, con múltiples lesiones graves, incluyendo la pérdida del bazo, un testículo, ocho fracturas costales y un pulmón colapsado.Ante este escenario, CAMICRUZ manifestó que ningún conflicto justifica la violencia y que la integridad de las personas debe ser siempre un valor inquebrantable. Desde la institución remarcaron la importancia de fortalecer las condiciones de seguridad en la provincia, garantizando espacios de trabajo y de vida pacíficos para toda la comunidad. Además, reafirmaron su compromiso con el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica como pilares para el desarrollo de Santa Cruz.

El caso ha generado conmoción en la región, no solo por la brutalidad del ataque, sino por la falta de respuestas judiciales. Según la información publicada por Premisa, los agresores están identificados, pero no hay detenidos. La fiscalía local enfrenta complicaciones, ya que la jueza subrogante se excusó de intervenir por vínculos familiares con uno de los acusados.El comunicado busca no solo condenar el hecho puntual, sino también abrir un llamado urgente a las autoridades provinciales para revisar los protocolos de seguridad, garantizar el funcionamiento de la justicia y evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.

La minería, como sector estratégico en Santa Cruz, depende de un entorno estable y seguro para operar. CAMICRUZ, en su rol representativo, advierte que la violencia atenta contra el tejido productivo y social de la provincia, y que es responsabilidad de todos —gobierno, instituciones y ciudadanía— preservar la paz y el respeto como valores fundamentales.