Denuncian violaciones a los derechos humanos en Bolivia y expulsión de una misión internacional

Una delegación internacional de observadores de derechos humanos denunció haber sido expulsada de Bolivia cuando intentaba ingresar al país para relevar denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales que se desarrollan desde hace varias semanas.

Según informaron los integrantes de la misión, el grupo fue retenido en el aeropuerto de El Alto, en La Paz, y posteriormente derivado a Santa Cruz de la Sierra para ser deportado hacia Argentina. La comitiva estaba integrada por dirigentes políticos, referentes sociales y organismos de derechos humanos convocados por organizaciones bolivianas para monitorear la situación en el país.

En un comunicado, los observadores calificaron la medida como una decisión política que impide documentar las denuncias de represión y restricciones al derecho a la protesta. También señalaron que la expulsión afectó a legisladores argentinos que formaban parte de la misión.

Entre las acusaciones difundidas por los integrantes de la delegación figuran denuncias de muertos durante los operativos de seguridad, detenciones arbitrarias, presuntas torturas en centros de detención, agresiones a periodistas y persecución de dirigentes sindicales, campesinos e integrantes de pueblos originarios.

La diputada porteña Alejandrina Barry, integrante de la misión, afirmó que el objetivo del viaje era recoger testimonios y elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. Además, cuestionó la respuesta del Gobierno frente a las movilizaciones y aseguró que existen numerosas denuncias por hechos de violencia y vulneración de garantías fundamentales.

Los integrantes de la misión sostienen que las protestas han sido respondidas con una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que desde el Gobierno boliviano no se difundió una respuesta oficial sobre las acusaciones formuladas por la delegación expulsada.

La situación continúa generando preocupación entre organismos de derechos humanos y sectores políticos de la región, que reclaman investigaciones independientes sobre los hechos denunciados y garantías para el ejercicio de la protesta social.