Entidad nacional de la justicia se opone al juicio político a Ludueña

Desde la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias bregaron por la independencia de los poderes.

La última semana de marzo el vicegobernador Fabián Leguizamón informó el ingreso a la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados, de la nota firmada a título personal por el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, mediante la cual solicita someter a juicio político a la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Paula Ludueña, por la presunta comisión de los delitos de mal desempeño de su función y omisión de los deberes de funcionario público.

Fue el propio presidente de la Cámara de Diputados quien -además- adelantó en un comunicado que “el motivo del juicio político a Ludueña radica en las graves irregularidades y omisiones cometidas por la magistrada del TSJ, quien paralizó injustificada y deliberadamente un pedido de Jury de Enjuiciamiento en el año 2018 en contra del ex Juez de Recursos de la ciudad de Caleta Olivia, Miguel Ángel Meyer, y el Titular de la Fiscalía N° 1 ante los Juzgados de Primera Instancia de esa localidad, Martin Sebastián Sedán“.

Ante esta noticia, no tardaron en llegar las repercusiones. Ayer miércoles 3 de abril se conoció una declaración de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante el pedido de juicio político contra una Vocal del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, solicitado por el Gobernador Claudio Vidal, desde el ente que nuclea a los máximos tribunales del país alertaron que está en riesgo la independencia de la justicia en la provincia.

“Es abiertamente contrario a las elementales pautas del sistema democrático y republicano de gobierno, el pedido de jury a un magistrado realizado en un contexto en el que éste no actúa conforme la expectativa del ciudadano que lo ha peticionado, y más aún si proviene de la máxima autoridad del ejecutivo provincial“.

Destacaron, además, que “el estado constitucional de derecho es un modelo en el que deben respetarse irrestrictamente las libertades y garantías de las personas y presuponen el respeto a la división de poderes, a la ley como expresión de la voluntad popular y a la existencia de un poder imparcial e independiente que en su composición no dependa de circunstancias políticas“. Y que “si no están cumplidas las garantías constitucionales y se garantiza la estabilidad de los jueces se anula la capacidad de ejercicio de su rol institucional“, alertaron.