“Si crecen las deportaciones, crecerá el consumo de drogas"

Donald Trump ha prometido mano dura contra los migrantes. Organizaciones dedicadas a la prevención de daños advierten que esto podría agravar la crisis de opioides en la frontera.

Un letrero amarillo reza: “Centro comunitario. Tu espacio seguro”. Otro más, en la puerta, describe los servicios que ahí se ofrecen: intercambio de jeringas usadas para consumo de drogas por nuevas, vinculación con servicios de salud, pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis, atención a embarazo, módulo de derechos humanos... El último de tales servicios, al fondo de la lista, está anunciado con letras más pequeñas: “La Sala”. Se trata de un lugar para el uso seguro de drogas que está acondicionado con módulos individuales parecidos a los cubículos de un cibercafé. Ahí, los consumidores pueden inyectarse en condiciones sanitarias controladas.

La Sala es el resultado de una estrategia realista de reducción de daños ante un problema presente en la frontera norte de México.La organización Integración Social Verter A.C. trabaja desde 2013 en Mexicali y abrió las puertas de La Sala el 14 de noviembre de 2018, en el marco de las deportaciones y abusos contra migrantes ejercidos por la primera administración de Donald Trump.

Es la primera de su tipo en Latinoamérica y la única en México. Lourdes Angulo Corral, directora de Verter, explica que “la falta de acceso de manera oportuna a los servicios de salud es lo que mata a las personas consumidoras de sustancias”. En Verter, buscan reducir los daños asociados al consumo en condiciones insalubres.

En diversos discursos de campaña y durante su anteriore mandato, Donald Trump ha querido vincular a las personas migrantes con delitos y con el crimen organizado. Una de las principales promesas del presidente de Estados Unidos es deportar de manera masiva a migrantes y no permitir su ingreso. Durante el discurso que sirvió como pistoletazo de arranque a su nueva administración, anunció que declarará estado de emergencia en la frontera con México y que su administración catalogará a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Además, ha dicho que ordenará la reactivación de la política “Remain in Mexico”, que establece que las personas que soliciten asilo en Estados Unidos deberán esperar fuera de la Unión Americana la resolución de su situación migratoria. Con estas y otras medidas, Trump busca enfrentar lo que ha calificado como “una invasión de intrusos ilegales”. Ante la posibilidad de deportaciones masivas, organizaciones civiles advierten que las políticas de Trump podrían derivar en una crisis sanitaria en la frontera.

La organización civil Prevencasa de Tijuana tiene por objetivo la prevención, atención e investigación de VIH/Sida e ITS. Su directora operativa, Lilia Pacheco, explica que, al menos en la ciudad fronteriza, “un 60% de los consumidores de sustancias inyectadas son personas deportadas. Si crecen las deportaciones, va a crecer el consumo. En muchos casos, estas personas empezaron a consumir en Estados Unidos y es muy probable que aumente su consumo. Es lógico: si los separan de su familia, de su comunidad, de sus redes de apoyo y están de este lado de la frontera (norte de México) solas o solos, con desesperanza y hambre, encuentran en la sustancia la anestesia o analgesia que necesitan para soportar sus dolores emocionales y físicos. Si las deportaciones aumentan veremos a más personas sin hogar y en situaciones tan vulnerables que pueden desencadenar consumos problemáticos”.2024 fue el año en que más deportaciones de migrantes se registraron en 10 años en Estados Unidos. De acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), tan solo para el 30 de septiembre se habían deportado a 271,000 inmigrantes hacia 192 países. El recrudecimiento de políticas migratorias puede derivar en el aumento del uso de drogas en la frontera norte de México.