LEY DE GLACIARES
"Sin agua no hay seguridad posible"
de qué se trata la demanda colectiva presentada contra la reforma de la Ley de Glaciares
Organizaciones ambientales y territoriales presentaron una acción colectiva para que la Justicia declare inconstitucional la modificación de la norma y suspenda su aplicación en todo el país. Advierten sobre el riesgo para las reservas de agua dulce.
La presentación judicial contra la reforma de la Ley de Glaciares ya supera las 850 mil adhesiones y fue impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, junto con Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina. El amparo colectivo fue presentado ante el juzgado federal de La Pampa y solicita tanto la declaración de inconstitucionalidad de la reforma como una medida cautelar para suspender su aplicación en todo el país.
Según las organizaciones, la reforma aprobada el 9 de abril debilita la protección ambiental al eliminar la protección automática de glaciares y ambientes periglaciares, dejando en manos de las provincias la definición de qué áreas conservar. También denuncian que se habilita la posibilidad de avanzar con proyectos extractivos —especialmente mineros— en zonas consideradas estratégicas para las reservas de agua dulce.
Los impulsores de la demanda sostienen que la modificación vulnera principios constitucionales y acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, además del principio de no regresión ambiental. Argumentan que los glaciares y ambientes periglaciares alimentan cerca del 40% de las cuencas hídricas del país y abastecen de agua a millones de personas.
La elección de La Pampa como sede judicial se debe a que esa provincia depende del agua proveniente de cuencas nacidas en San Juan y Mendoza, donde existen proyectos mineros vinculados a zonas glaciares y periglaciares.
Además, las organizaciones cuestionaron el argumento oficial de la “seguridad jurídica”, afirmando que “una ley inconstitucional no brinda seguridad jurídica” y que la reforma genera incertidumbre sobre la protección ambiental y el acceso al agua.
La discusión ya ingresó plenamente en el terreno judicial y podría convertirse en uno de los litigios ambientales más importantes de los últimos años en Argentina.
