Solicitan al Gobierno Provincial que informe sobre Ganancias, UNIRSE y tarifa social

El pedido, a través de la Ley 3.540, guarda relación a la evolución en la cantidad de beneficiarios y beneficiarias del programa “Vale Santa Cruz Tarifa Social”, aprobado por Decreto 0582/2019, en la ciudad de Río Gallegos y cada uno de los municipios y comisiones de fomento.Asimismo, busca conocer el porcentaje que estas erogaciones representan en relación al Presupuesto Provincial del año en curso.

Otro pedido de Informe, también destinado al Ministerio de Economía, solicita los montos recibidos en el marco del fideicomiso de Responsabilidad Social Empresaria denominado “UNIRSE”, oportunamente renovado por el gobierno de Claudio Vidal.En la solicitud se reclaman los montos erogados en concepto de fortalecimiento de los sistemas educativo, sanitario, social y productivo de la provincia, discriminados por municipio y comisiones de fomento.

Esto, en función de declaraciones publicas de la secretaria de Minería, Nadia Ricci, en las que expresó: “Los municipios tendrán en cada localidad, por cuestiones de RSE, apoyo con inversiones y aportes”.El ultimo para la cartera económica es sobre la cantidad de trabajadores y trabajadoras estatales que se ven beneficiados por la absorción, por parte del gobierno de Vidal, del ítem “Impuesto a las Ganancias” y qué porción del presupuesto representan.

Por otra parte, se busca que el Ministerio de la Producción informe si solicitó fondos al Consejo Federal de Inversiones desde el comienzo de la actual gestión a la fecha y, en caso de ser así, los proyectos ´que lo justifican.El ultimo pedio fue para el Ejecutivo, relativo a los términos y condiciones del acuerdo suscrito en Casa de Santa Cruz por el señor gobernador y el grupo DELCA Internationbal, por el cual se crearía la “primera ciudad inteligente de Sudamérica”. Ubicación y extensión territorial para la instalación de la supuesta “Arkadia Antártica”, que, de acuerdo a lo publicado por el CEO del presunto grupo empresarial, Cesar Imbellone, contará con un puerto y aeropuerto.

La Ley de Acceso a la Información Pública marca que los pedidos se formularán por escrito y sin ninguna formalidad, que una vez hecho recibido el pedido, el funcionario responsable de evacuar la consulta deberá informar en el plazo máximo de 10 días al peticionante.

La ley establece algunas excepciones para no contestar, como, por ejemplo, que el pedido vulnere datos personales, y también establece que, la no respuesta en el plazo estipulado puede dar lugar a un reclamo por vía judicial.Vale mencionar que la solicitud de Acceso a la Información Pública fue presentada por la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, aunque en su calidad de ciudadana.