Vidal presentó un proyecto para que el Tribunal de Cuentas no lo controle

El gobernador lleva adelante una fuerte ofensiva contra el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas que ponen en vilo a la institucionalidad y división de poderes en Santa Cruz. Ya desde su asunción, Claudio Vidal mostró su espíritu revanchista y de clara referencia con La Libertad Avanza, iniciando un proceso de despidos y persecución política.

En el verano, se ocupó de denunciar al juez de Las Heras, Eduardo Quelin, que en 2015 ordenó su detención por presunta asociación ilícita y tráfico de armas.

Su enojo con que lo investigaran en el marco de la muerte del obrero de la construcción baleado en el sindicato petrolero, Reynaldo Vargas, volvió a cristalizarse días atrás, cuando a título personal, presentó en la Cámara de Diputados un pedido de destitución a la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Paula Ludueña.

A la expresidenta del máximo tribunal, la acusa de no haber actuado cuando, como secretario general del sindicato petrolero, le pidió que echara del poder judicial al fiscal Martin Sedan, que (a pedido de la Cámara Criminal) lo investigaba como presunto autor intelectual de la balacera en el sindicato.

La presentación del gobernador de la alianza Cambiemos, ya cuenta con el rechazo de la Asociación de Magistrados, de la Junta Federal de Cortes y del gremio de empleados judiciales, que en sus argumentos advierten la gravedad institucional del caso. En paralelo, la frenética persecución del gobernador pretende desarticular el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz. Primero fue con acusaciones mediáticas a su presidente, Carlos Ramos, y más tarde, impidiendo la designación de la vocal por la minoría, Karina Saul, que finalmente fue puesta en funciones gracias a un amparo.

Al igual que sucede a nivel nacional con Milei, Vidal muestra un profundo desprecio por la Constitución. De ahí que uno de los aspectos mas escandalosos de su avanzada fue la conformación de Tribunal de Enjuiciamiento con un diputado no letrado, algo que le valió ser duramente criticado por organismos republicanos.Cuando vio que el jury no era viable en contra del presidente del tribunal de Cuentas, presentó un pedido de juicio político, a sabiendas de que no era el procedimiento correspondiente.

Los vocales del Tribunal de Cuentas no pueden ser sometidos a Juicio Político, porque no están comprendidos en el art. 129 de la Constitución Provincial. En efecto, son enjuiciables por medio del Tribunal de Enjuiciamiento, porque son equiparados a los jueces de la provincia, no a los miembros del Tribunal Superior de Justicia (artículo 6º de la Ley Nº 500).Demostrando un nivel de improvisación e ignorancia pocas veces visto, la semana pasada presentó en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que pretende dejar librado a un simple acuerdo la remoción de los miembros que controlan tanto al Ejecutivo como al Legislativo.

Es decir que, de aprobarse, será Vidal quien podrá echar a los vocales que investiguen al Poder Ejecutivo.Es decir que, quienes en campaña levantaron las banderas de la transparencia y orden en el Estado, resulta que ahora, escudados en presuntos hechos de corrupción que no fueron denunciados y pretenden romper con la autonomía e independencia de los organismos de control.Lo que Vidal emprende no es nuevo. Ya en ocasión de ser presidente, mauricio Macri designó a dos jueces de la Corte Suprema por decreto.

Es importante advertir que los miembros del Tribunal de Cuentas son parte de un organismo extrapoder, con autonomía suficiente, cuyos fallos y pronunciamiento tienen fuerza jurisdiccional, y en donde la garantía de neutralidad, independencia e intangibilidad resultan esenciales para garantizar derechos a los administrados sujetos a la jurisdicción del Tribunal.

Por eso, una modificación en cuanto a la estabilidad de sus miembros no resulta ser mas que una enmascarada regla para mantener en vilo y condicionados a quienes deberán aprobar o desaprobar las cuentas públicas. Además, ante el supuesto de que la ley de impunidad de Vidal sea aprobada, esta sólo podrá regir para el futuro y no para los vocales ya en funciones.

En este sentido, se conoció que habrá un fuerte pronunciamiento de legisladores nacionales y provinciales, ya que se trata de un asunto de gravedad institucional que pone en crisis el sistema republicano de gobierno, por lo que quienes lo voten podrían incurrir en contradicción con la ley penal.