MAL ESTADO EL 60%
Las rutas nacionales más peligrosas del país
El abandono del Gobierno nacional en el área de vialidad convirtió los caminos en una trampa mortal. El impacto de la falta de mantenimiento en la siniestralidad.
Más del 60 por ciento de las rutas nacionales está en estado regular o directamente malo, con “alto riesgo de siniestralidad vial” y subas en las tasas de mortalidad
Así se desprende de un informe elaborado por trabajadores de Vialidad Nacional, que alertan sobre la acumulación de abandonos en el área mientras el Gobierno avanza con las concesiones y más aumentos en las tarifas de peajes: el abrupto recorte del presupuesto, los desvíos del impuesto a los combustibles, el freno a la obra pública y los masivos despidos conforman un peligroso cóctel que se traduce en la falta de tareas de mantenimiento y rehabilitación de las calzadas.
La situación profundiza el riesgo de siniestros de gravedad, que además terminan acarreando un alto costo económico para el Estado.La enumeración es larga, pero vale la pena citarla completa: “El deterioro progresivo de la infraestructura vial se produce fundamentalmente ante la falta de ejecución de obras de construcción, reconstrucción, mitigación, conservación y mantenimiento de las rutas en sus calzadas principales, banquinas, márgenes laterales, zonas libres de obstáculos o zonas despejadas, cunetas de desagüe, señalizaciones horizontal y vertical, iluminación, puentes, entre otros componentes, siendo de esta manera acumulativo y progresivo hasta alcanzar la falla o deformación parcial y total“.
Todas estas tareas esenciales descuidó o directamente abandonó el Gobierno nacional según el informe elaborado por la Federación de Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), que da detalles sobre el estado actual de las rutas.
El informe parte de las últimas cifras oficiales brindadas por Vialidad, pero le agrega las proyecciones hechas por los propios trabajadores y trabajadoras del sector sobre lo que ven en el día a día de las rutas y las consecuencias del desfinanciamiento. Es que las últimas estadísticas publicadas formalmente por el Gobierno nacional sobre el tema son las del Informe Anual de Evaluación de Estado de Pavimentos 2023 - 2024, publicado en diciembre de 2024, mientras que los números del período 2024 - 2025 siguen sin conocerse.
Para colmo, ese último informe fue realizado sólo sobre el 48,1 por ciento del total de las rutas nacionales, es decir que más de la mitad de los casi 41 mil kilómetros de la Red Vial Nacional (RVN) no fueron analizados allí.Según los datos reunidos por el informe del gremio a partir de esas últimas estadísticas oficiales, para mediados del año 2024 sólo el 47,5 por ciento del universo recabado por Vialidad estaba en buen estado, mientras que un 23,9 por ciento estaba en estado regular y el restante 29 por ciento en estado directamente malo.
La calificación de “bueno, regular y malo” parte del llamado Índice de Estado (IE) de las rutas que se genera a partir de un coeficiente en el que se incluyen datos específicos como deformaciones, fisuras y desprendimientos de calzadas.
En base a esos números, Fepevina realizó una proyección dentro de su informe, basada en estadísticas propias, el seguimiento de las rutas y el contacto diario con el trabajo en las calzadas desde mediados de 2024 a esta parte: “De acuerdo a nuestras proyecciones, el IE estaría arrojando que entre el 65 y el 70 por ciento de las rutas nacionales se encuentran en estado regular a malo“, señala el documento del sindicato que remarca, además, “la parcialidad de la información oficial atento a que las mediciones se han realizado en menos del 50 por ciento de la RVN".
Desde el gremio precisan a este diario las razones que, aunque evidentes, explican la proyección calculada sobre el deterioro de las rutas: “En todo el lapso que pasó desde el último informe oficial no hubo mantenimiento, por lo que la proyección a 2026 nos da un número que ronda esta cifra, aunque tranquilamente podría ser algo superior“, sostienen.
Aseguran, además, que las pocas tareas de mantenimiento que existen al día de hoy son “compras de asfalto que se otorgan a una empresa contratada para que lo coloque". Un asfalto, además, de mala calidad que "en seis meses se rompe“.El gremio brindó además un panorama detallado del estado de las rutas en las distintas regiones del país.
La región Centro y Sur
Ruta Nacional 33 (Buenos Aires-Santa Fe): Es calificada como uno de los casos más críticos, donde transitar es “jugar a la ruleta rusa”. Conecta los puertos de Bahía Blanca y Rosario, pero presenta fallas estructurales donde cedió la base del asfalto. Los parches actuales duran menos de seis meses por el tránsito pesado de la cosecha.* Ruta Nacional 151 (Río Negro-La Pampa): Vital para Vaca Muerta, su estado es de “abandono total” con baches tipo “cráter” que obligan a circular por la banquina. El diagnóstico técnico indica que el bacheo ya no sirve y requiere una reconstrucción total para soportar los equipos petroleros.* Ruta Nacional 35 y Corredores Patagónicos: Se reportan tramos con superficie totalmente desgranada y pérdida de áridos.
El Litoral y los pasos fronterizos.
* Ruta Nacional 121 (Corrientes): Conecta con el Puente Santo Tomé-São Borja. Sufre una “falla estructural completa” con ahuellamiento severo; no admite más bacheo, necesita reconstrucción total.* Ruta Nacional 119 (Corrientes): Es un “punto rojo” de seguridad vial, especialmente cerca de Curuzú Cuatiá, debido a la mezcla de camiones y turistas en una calzada con “piel de cocodrilo” y bordes rotos.* Ruta Nacional 120 (Corrientes): Une Ituzaingó y Virasoro. El tránsito de industrias forestales destruyó la calzada, dejándola con tramos intransitables.* Ruta Nacional A015 y 136 (Entre Ríos): Son los accesos a los puentes de Salto Grande y Fray Bentos. Presentan descalce de banquinas y agotamiento estructural, pese a ser corredores turísticos y de exportación claves.* Ruta Nacional 1V11 (Santa Fe): Atraviesa la zona portuaria con un deterioro crónico que el bacheo recurrente no logra solucionar.
Buenos Aires, obras paralizadas.
En la provincia con mayor caudal de tránsito, la parálisis de las obras de transformación en autopista agravó los riesgos.* Ruta Nacional 5: Denominada por los usuarios como el “peaje hacia la muerte” debido al aumento de tarifas sin mejoras. La obra de la variante Suipacha avanza a ritmo lento o nulo y genera congestión y accidentes en un tramo con capacidad insuficiente.* Ruta Nacional 3: Las obras están paralizadas, especialmente en el tramo San Miguel del Monte-Gorchs. Es el acceso de la producción cerealera al puerto de Bahía Blanca y registra alta siniestralidad por choques frontales.* Ruta Nacional 7: Aunque hay tramos de autopista, la variante Chacabuco está paralizada desde 2025, lo que obliga al tránsito a cruzar zonas urbanas o desvíos peligrosos. Se reportan baches profundos en colectoras y falta de iluminación.
El Noroeste, abandonado.
* Ruta Nacional 34 (Jujuy-Salta): Clasificada de “Alto Riesgo”. Las obras financiadas por el Banco Mundial para convertirla en autovía quedaron inconclusas tras el abandono de las contratistas y el vencimiento del préstamo. Presenta ahuellamiento profundo por el transporte de caña de azúcar y logística internacional.
Las razones del deterioro
Fabián Cattanzaro, secretario gremial de Fepevina, agrega en diálogo con Página/12 que el deterioro se explica, entre otras razones, por los fuertes recortes en la planta laboral: “Vialidad arrancó esta gestión con 5.400 trabajadores y al día de hoy somos 4.800 con despidos en sectores clave de mantenimiento. Con distintos mecanismos de persecución y disciplinamiento, se ha ido achicando la planta, y a esto hay que sumarle que está por salir un plan de retiros voluntarios que en realidad será un plan de despidos encubiertos para seguir profundizando el vaciamiento del organismo", advierte y recuerda que los trabajadores tienen congelados los salarios desde hace quince meses.
Los planes del Gobierno para Vialidad son conocidos. En julio del año pasado, el entonces vocero y ahora jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció el cierre del organismo que luego se concretó en su disolución efectiva a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei. El cierre no duró mucho porque, a mediados del mismo mes, la Justicia decidió suspender los efectos del decreto a raíz de un amparo de los y las trabajadoras, y finalmente, en septiembre, el Congreso de la Nación ratificó el rechazo al decreto. Para Cattanzaro, sin embargo, “el proceso de vaciamiento continúa firme“.
