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04/09/2024 - 15:40
LICITACIONES PÚBLICAS

Flexibilizan la inscripción al Registro de Proveedores y las pymes locales lo cuestionan

Esta medida se tomó en el marco de la Emergencia Económica y los empresarios indican que perjudica al compre local.

El Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE) fue creado durante la gestión anterior y es, ni más ni menos, que una base de datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en las licitaciones y contrataciones de Santa Cruz.

Para formar parte del RUPEP hay que cumplir una serie de requisitos que son fundamentales a la hora de concursar por una obra o servicio para ejecutar con el estado provincial, lo cual -además- resulta una limitante para aquellas empresas que no están inscriptas.

Sin embargo, en los últimos meses -en el marco de la declaración de Emergencia que hizo el gobierno provincia, aprobado por la Cámara de Diputados, aparece en algunas contrataciones directas la leyenda: “No será exigida la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado, sin perjuicio de que deban ponderarse los antecedentes que tuvieren los oferentes”.

A las claras esta flexibilización en los requisitos pone en prácticamente igualdad de condiciones a aquellas Pymes que están inscriptas en el RUPAE de las que no, sembrando un manto de duda en aquellas empresas que vienen cumpliendo con todas las obligaciones del Estado que no son pocas.

Desde algunas empresas indican que de esta forma se genera un competencia desleal con empresas sobre todo de otras provincias y los pone en desventaja a la hora de competir en las licitaciones públicas o concursos.

Premisa pudo saber que hay sectores de las Pymes locales que empiezan a mirar con desconfianza este tipo de trámites en la adquisición de bienes y servicios, ya que lo que bien podría ser una eventualidad, podría convertirse en una regla de acá en más.

Cabe recordar que en los primeros días del mes de mayo la Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó la Ley N°3850 de Emergencia Alimentaria y Administrativa, enviada por el Poder Ejecutivo. A través de la misma, los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social como así también el Consejo Provincial de Educación pueden sortear procesos administrativos para la obtención de recursos urgentes como así también para contrataciones.

Pocas semanas después aparecieron las primeras compras bajo esta modalidad flexibilizada, en la adquisición de alimentos a empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin ningún tipo de conexión con Santa Cruz. De persistir con esta modalidad para la contratación de bienes y servicios, algunas Pymes reconocieron que están destinadas a desaparecer.    

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Por Redacción
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